La oposición llevará al fiscal indicios de delitos en Ciudad de la Justicia Destacado

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Madrid, 8 nov (EFE).

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid consideran que hay motivos suficientes para elevar a la fiscalía irregularidades múltiples en la gestión de dinero público, hasta 140 millones de euros, en el proyecto del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid.

Así lo han explicado hoy los representantes de Ciudadanos, Podemos y del PSOE tras una sesión en la Comisión de estudio de la deuda en la que el PSOE ha entregado a los demás grupos un informe que refleja "indicios" de actuaciones "manifiestamente irregulares" en la gestión de dicho proyecto.

 

"Proponemos el traslado a la fiscalía porque creemos que se han cometido ilícitos penales", ha dicho la diputada del PSOE-M Mercedes Gallizo, quien ha explicado que en la documentación vinculada al informe "se perciben irregularidades importantes en la gestión de dinero público".

A este respecto, tras la junta de portavoces, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha expresado el desacuerdo de su grupo, pues más que "delitos o cuestiones que supusieran delito" más bien se trata de "cuestiones administrativas o consideraciones generales sobre la oportunidad del Campus de la Justicia".

En opinión del portavoz del PP, el caso de la Ciudad de la Justicia está siendo mirado "con ojos de poscrisis", cuando el proyecto se llevó a cabo antes de la crisis económica en España "y podía haber sido una oportunidad de que Madrid hubiese tenido unos edificios arquitectónicamente muy interesantes que hubiesen fomentado el turismo, como actualmente sucede en Berlín".

La Ciudad de la Justicia, ha dicho Ossorio, fue una actuación planteada "cuando el presupuesto (de la Comunidad de Madrid) era bueno, cuando crecía en dos dígitos todos los años; era otra situación".

Al término de la sesión de hoy, Gallizo ha dicho que la Comisión "no ha aceptado el argumento de que se trató de una mala gestión, de que alguien se equivocó", cuando se trató de la designación "a dedo" de una determinada persona "para una función plagada de irregularidades y de contrataciones fuera de los cauces habituales".

En cualquier caso, según Gallizo, deberá ser la Fiscalía la que determine si ha habido irregularidades, ya que el PSOE cree que "se han cometido ilícitos penales".

El portavoz adjunto del PSOE, José Manuel Franco, ha dicho que "lo visto hasta ahora aporta motivos más que sobrados" para elevar a la fiscalía las conclusiones de la Comisión.

Por parte de Ciudadanos, su portavoz en el Parlamento regional, Ignacio Aguado, ha dicho que su grupo "aún no ha decidido" si llevará a la Fiscalía las conclusiones de la Comisión, aunque sí reconoce que "ha habido una operación ruinosa" que "pone en evidencia lo que ha sido la Comunidad de Madrid en los últimos tiempos".

Y la diputada de su grupo, portavoz de la Comisión, Susana Solís, ha dicho que hay "responsabilidades claras" sobre el "despilfarro" de 105 millones de euros acerca de los cuales "alguien tiene que explicar a dónde han ido".

El portavoz de Podemos, José Manuel López, ha dicho que en ese informe que se prevé llevar al fiscal "aparecen muchas cosas", como "una cuentas sin auditar", más de setenta viajes internacionales sin justificar o una asignación "sin concurso" de 13 millones de euros al arquitecto Norman Foster.

El diputado de Podemos Eduardo Gutiérrez ha dicho que la comisión ha "acelerado" la remisión del informe sobre el Campus de la Justicia "porque se acumulan indicios de que se cometieron delitos o despilfarro inexplicables" en ese proyecto, la "joya" de Esperanza Aguirre.

Según Gutiérrez, "hasta 140 millones de euros fueron tirados a la basura por responsables del PP que siguen en el grupo parlamentario mientras las responsabilidades siguen vigentes".

Para Podemos, "lo que el PP quiere es ganar tiempo para que muchos delitos prescriban en virtud de la reforma penal que llevo a cabo en diciembre de 2015.

El Campus de la Justicia fue un proyecto abordado por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2005 cuyo objetivo era agrupar las sedes judiciales en Valdebebas, y que fue replanteado por su sucesor en el Gobierno, Ignacio González.

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